La prensa británica desvela, indignada, la cantidad que está costando a los contribuyentes la última batalla legal del Príncipe Harry

Mientras los Reyes Carlos y Camilla se encuentran en Italia con motivo de un viaje oficial que coincide con su 20 aniversario de boda, el Príncipe Harry ha regresado a Reino Unido. El hijo menor del monarca afronta la segunda fase de la demanda interpuesta contra el Ministerio de Interior británico por su seguridad. Se vio desprovisto de la misma tras el 'Megxit', a principios de 2020. La prensa británica ha desvelado el alto coste que ha tenido, hasta la fecha, este batalla legal. 

El Príncipe Harry ha afirmado a través de su abogada haberse sentido "señalado" y "obligado" a abandonar la vida real tras retirarle el alto nivel de protección que le brindaba la Policía Metropolitana. A su entrada a los juzgados, ha evitado la preguntas de la prensa, muchos se ha interesado por si había podido mantener un breve encuentro con su padre.

Según apunta el diario 'Daily Mail', padre e hijo coincidieron en el país durante varias horas, pero no mantuvieron un reencuentro. El citado medio ha indicado que este caso ha costado para el contribuyente británico 500.000 libras, es decir, unos 579.970 euros. El Duque de Sussex sostiene haber recibido un "trato inferior" tras "sentirse obligado a retirarse como miembro de la realeza a tiempo completo".

El Príncipe Harry contra el Ministerio del Interior por el tema de su seguridad

Se trata de la segunda fase de la demanda que interpuso el hijo menor de Carlos III en el Tribunal Superior contra el Ministerio del Interior. Todo a consecuencia de la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) de su seguridad. Cuando se apartó de sus deberes reales le quitaron esta protección, pero él defiende seguir manteniéndola cuando visite su país. También que la seguridad sea proporcionada a su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Cabe recordar que esta protección está financiada por los contribuyentes británicos. 

Durante la apelación, la abogada Shaheed Fatima KC, que represente al hijo de Carlos III, dijo que cuando se tomó la decisión sobre la seguridad, en febrero de 2020, Ravec no consiguió una evaluación de un organismo especializado llamado junta de gestión de riesgos. También ha señalado que su cliente está recibiendo un "trato diferente, injustificado e inferior". 

La abogada del Príncipe Harry ha esgrimido que este "no es que deba tener derecho automáticamente a la misma protección que se le brindaba cuando era miembro activo de la familia real, es que debería ser considerado sujeto al mismo proceso que cualquier otra persona considerada para protección por Ravec. Salvo que exista una razón convincente para lo contrario".

Por su parte, el Ministerio del Interior ha solicitado que se desestime la apelación del Duque de Sussex y se le condene al pago de las costas. El abogado James Eadie KC, representante del departamento, ha manifestado que lo importante era destacar que la "seguridad personal del tipo que se proporcionaba anteriormente no se proporcionaría bajo ninguna circunstancia. Se decidió simplemente que dicha seguridad no se otorgaría con las mismas condiciones que antes debido a su cambio de estatus y que ahora residiría en el extranjero la mayor parte de su tiempo".

El Príncipe Harry vive desde 2020 en Estados Unidos, se ha desplazado a los Tribunales Reales de Justicia de Londres con motivo de esta apelación que se prologará durante dos días. El Duque de Sussex defiende que tanto su mujer como sus dos hijos tienen derecho a contar con seguridad financiada con los fondos públicos cuando visiten Reino Unido. Según ha expuesto su abogada, el hijo menor de Carlos III se sintió obligado a retirarse de sus deberes reales, ya que consideró que la institución no les brindaba protección. 

El tema está generando cierta controversia en Reino Unido. Los medios señalan que se cree que el Rey Carlos III y su hijo menor presentan opiniones contrapuestas sobre la decisión de este de continuar su batalla legal contra el Ministerio del Interior británico. El Duque de Sussex defiende que tanto sus hijos como él no se sentirán seguros en su país, a menos que obtengan la protección policial que antes se le brindaba como miembro activo de la Familia Real británica.