La Casa Real española vuelve a estar en boca de todos. Tras el caótico mes de noviembre que han vivido Felipe VI y Letizia a consecuencia de las catastróficas consecuencias que ha provocado la DANA a su paso por la Comunidad Valenciana y razón por la que han tenido que modificar su agenda profesional constantemente, el Rey Juan Carlos I ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas después de que varios exmagistrados y exfiscales anticorrupción del Tribunal Supremo se hayan querellado contra él.
De esta manera, Juan Carlos I ha pasado a estar en el ojo del huracán justo semanas después del terremoto mediático que tuvo lugar tras hacerse públicas sus imágenes con Bárbara Rey besándose y, más tarde, el escándalo que supuso la filtración de una serie de audios en los que el emérito hablaba, como nunca, sobre la crisis que atravesaba su matrimonio con la Reina Sofía.
El nuevo problema legal al que se enfrenta el Rey Juan Carlos
Aunque todo parecía presagiar que sus asuntos con Hacienda ya formaban parte de su pasado, Juan Carlos I se enfrenta a un nuevo revés, tal y como ha adelantado el diario 'El País'. Los denunciantes, cuya identidad corresponden a magistrados ya jubilados del Tribunal Supremo, así como fiscales anticorrupción; sostienen que la regularización que el padre de Felipe VI hizo en su momento, concretamente entre los años 2014 y 2018, y las excusas que puso por aquel entonces no cumplían los requisitos legales.
Todo tiene su origen en las cantidades de dinero que ingresó de la fundación Zagatka, presidida por su primo Carlos d’Orleans, y que no declaró en su momento. Juan Carlos I, consciente de que estaba siendo investigado por estos hechos, llevó a cabo una autoliquidación por la que ingresó cinco millones de euros en la Agencia Tributaria. A partir de esto, la causa fue archivada y el marido de la Reina Sofía continuó con su día a día, como si nada hubiese pasado... ¡Hasta ahora!
Los exmagistrados que se han querellado contra el emérito lo tienen todo muy claro y ya han podido confirmar que cuando el padre de Felipe VI realizó esta regulación, la Agencia Tributaria ya le estaba inspeccionando, algo que está completamente prohibido. De esta manera, el abuelo de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se enfrenta a cinco delitos contra la Hacienda Pública y han pedido que declare por estos hechos desde Abu Dabi, su nueva residencia.