Luis Medina vuelve a copar titulares por el 'Caso Mascarillas'. La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para él y 15 para su socio, Alberto Luceño. Todo por la presunta estafa por la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia del coronavirus.
El fiscal Luis Rodríguez Sol acusa a ambos de los delitos de estafa agravada continuada y falsedad continuada en documento mercantil. Mientras que a Alberto Luceño también se le achacan delitos de falsedad continuada en documento oficial y fraude fiscal. A lo que hay que sumar una multa que ascendería a los 450.000 euros para Luis Medina y otra de 5.450.000 euros para su socio. Esta indemnización al Ayuntamiento de Madrid correspondería al sobreprecio que el consistorio pagó en su momento.
Luis Medina, tranquilo
En declaraciones al diario 'La Razón', Luis Medina se ha mostrado en actitud tranquila y ha intentado ser cauto. "No tengo nada que opinar. Pero eso no es una sentencia definitiva, es solamente lo que pide el Fiscal", subrayaba el hijo de Naty Abascal.
Tal y como dicta el escrito de acusación, "la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas sin obtener ningún beneficio de la operación". Además, la Fiscalía también hace hincapié en que Alberto Luceño "engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones". Ya que le ocultó que había pactado con la empresa Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla. Po tanto, "Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado".
Asimismo se detalla en el documento de la Fiscalía que los acusados presentaron informes falsos para cobrar la comisiones y justificarlas ante las entidades bancarias. Por último, se solicita al juez Adolfo Carretero la apertura del juicio oral. Por lo que las partes personadas deberán presentar sus conclusiones provisionales para determinar la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.