Joaquín Torres (53 años) está derrumbado. La muerte de su madre, Joaquina Verez Vivanco, el pasado 2 de marzo dejó en él un grandísimo vacío. No esconde estar "completamente roto", un sentimiento por el que está convencido de que luchará por su legado. Incluido el patrimonio familiar que ahora le enfrenta a uno de sus hermanos. En concreto a Julio Torres, el empresario al que ahora acusa junto a sus otros dos hermanos, Mayte y Andrés. Así lo aseguran en un comunicado en el que aseguran que Julio ha actuado "bajo una mala praxis" en la gestión empresarial de la familia, lo que les ha dejado importantes deudas.
Aunque el montante total no se conoce, sí que insisten en el "profundo dolor personal" que les ha ocasionado su actitud. Es por ello que le han llevado a los juzgados al interponerle una querella para recuperar el control de las compañías. Parte de una herencia que, según cuentan en el escrito que a continuación reproducimos, ha sido destruida por el hermano de Joaquín, Julio Torres.
Si bien se desconoce en cuánto dinero está cifrada, lo que sí se puede confirmar es que la familia aparecía en un ranking de los 100 más ricos de España en el año 2013. En ella se revelaba que tenían en aquel entonces 41 millones de euros en su poder, un dato que podría haber cambiado en los últimos años. Pero, ¿qué dice este escrito firmado por Joaquín Torres y sus hermanos? En él no solo explican los extraños movimientos que se han hecho con las sociedades que comparten, sino también la querella que Julio habría interpuesto contra sus padres. Un proceso en el que incluso pidió prisión para sus progenitores. Ha sido él mismo el que nos ha hecho llegar este documento a la revista SEMANA.
El comunicado íntegro de Joaquín Torres
"La familia Torres Verez [Joaquín, Mayte y Andrés] tras el fallecimiento de Dña. Joaquina Verez Vivanco quiere comunicar: Nuestro hermano Julio Torres Verez en virtud del apoderamiento otorgado y la administración de las sociedades familiares ha actuado bajo una mala praxis en cuanto a la gestión de estas, así como en cuanto a la gestión de las relaciones personales con los miembros de la familia Torres Verez.
Al margen del grave incumplimiento de las mínimas obligaciones que un hijo debería tener para con sus padres, máxime cuando tenía el conocimiento pleno del delicado estado de salud que vienen arrastrando nuestros padres desde el año 2021, debemos sumar la derivación hacia nuestros padres de la responsabilidad de los actos desarrollados por él ante las distintas Administraciones Públicas y Privadas. Ello se consuma en una querella presentada en el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid (diligencias previas procedimiento abreviado 111/2022) contra nuestros padres. En esta querella Julio Torres ataca directamente a nuestros padres y requiere formalmente prisión para ambos.
En la actualidad, Julio Torres Verez ha solicitado su reingreso como Letrado de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Cultura. Hecho que queremos hacer constar para que desde Transparencia y Presidencia adopten medidas de revisión e investigación del cargo.
Todo ello ha conllevado la redacción del presente comunicado para conocimiento de los medios haciendo pública la gravedad de la situación familiar la cual atravesamos. Todo lo manifestado es notorio y demostrable con pruebas que acreditan lo expuesto.
Los ingresos y el patrimonio de las sociedades familiares han sido derivados a supuestos testaferros. Desde la familia Torres Verez se han interpuesto una serie de querellas cuyo objetivo es recuperar el control de las compañías y patrimonio familiar destruido por Julio Torres Verez".
El procedimiento penal de Julio Torres
Julio Torres fue noticia hace algún tiempo por un negocio en el que muchos rostros conocidos invirtieron. 'Energía Kurata' estaba vinculada a energías renovables, sin embargo, nunca vio la luz. Famosos de la talla de Cristina Tárrega, Carlos Sainz o Víctor Valdés, fueron víctimas de una presunta estafa liderada por Julio, lo que les llevó a acusarle en los tribunales.
Un proyecto energético en el que varios inversores confiaron ciegamente, incluido el Ministerio de Industria, el cual aportó 5 millones de euros a la energética. Se le llevó a juicio tras una querella interpuesta por varios a de los afectados en el año 2015. Años después el juicio está pendiente de fecha.